Decretaron el ahorcamiento como pena de muerte porque aseguraron que de las poluciones y excreciones de los ajusticiados crecerían plantas y frutos vigorizantes que otorgaban esplendor al que los probaba. El pelo crecía recio, la piel se tonificaba y los dientes no caían. Se ajusticiaban en grupos para que la tierra fertilizara con más ímpetu.
Cuando los calabozos quedaron exentos, hubieron de inventar nuevos procedimientos purgatorios. Se penaron las faltas nimias. Un insulto a las fuerzas públicas, una borrachera mal traída, una meada contra la pared del consistorio eran motivo suficiente para abonar los campos. La ciudadanía estaba satisfecha. Lucían lozanos y más sanos que nunca.
Desaparecidos los elementos díscolos de la comunidad, la urbanidad estricta del resto de sus habitantes auguraba cosechas raquíticas. Entonces se sancionó la impuntualidad, la falta de decoro en el vestir, las voces intempestivas, el estornudar sin taparse la boca, las faltas de ortografía. Lentamente, una fronda voluptuosa, feraz, fue despoblando la ciudad y adueñándose de cada recodo. Las leyes consecuentes menguaron de vida pensante las calles en las que ya sólo se adivinaba el imperio del hombre en el trazado de su geometría y en el impulso de los edificios, tomados al fin, por la hiedra y la arbolada.
El último en caer fue el gobernador, impulsor de la exterminación, fallecido de muerte natural por lo que el lugar de su óbito fue respetado por la naturaleza invasiva, como la silueta de un cadáver en la escena del crimen.

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